La Contraloría General de la República (CGR) formuló reparos por un total de $109 millones a las municipalidades de Nancagua y Doñihue, tras detectar una serie de irregularidades relacionadas con la adquisición de inmuebles por parte de ambas entidades.
En el caso de Nancagua, la Contraloría Regional de O’Higgins constató que el municipio celebró un contrato de compraventa para adquirir un inmueble por $49 millones, operación que no contó con la aprobación del Concejo Municipal, un decreto alcaldicio ni con el acto administrativo que ratificara la suscripción del contrato.
De acuerdo con el Informe de Investigación Especial N°260 de 2026, el inmueble tampoco fue inscrito a nombre de la municipalidad en el respectivo Conservador de Bienes Raíces. De esta manera, el gasto efectuado no se incorporó al patrimonio municipal.
El organismo fiscalizador señaló que esta situación, además, transgrede el deber de resguardo que corresponde al alcalde en su calidad de jefe superior del servicio.
Caso de Doñihue
Una situación similar fue detectada en la Municipalidad de Doñihue, que desembolsó $60 millones por la supuesta adquisición de un inmueble que tampoco fue inscrito a nombre de la entidad edilicia.
Según el Informe de Investigación Especial N°63 de 2026, la falta de inscripción impidió acreditar que el bien raíz hubiese sido incorporado al patrimonio municipal.
La Contraloría también constató que el municipio no cuenta con procedimientos específicos para la adquisición de bienes inmuebles. Entre las observaciones formuladas se encuentra, además, la ausencia de una tasación comercial, la omisión de una licitación pública y la falta de un acto administrativo que aprobara la compraventa.
A raíz de las situaciones detectadas en ambos municipios, la Contraloría General de la República formuló reparos por el monto total de $109 millones, mediante demandas en juicio de cuentas, con el objetivo de obtener la restitución de los recursos involucrados.
Asimismo, el organismo ordenó que ambas municipalidades inicien sumarios administrativos destinados a determinar eventuales responsabilidades.
Finalmente, la Contraloría informó que todos los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para los fines que dichos organismos estimen pertinentes.
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