
La Contraloría General de la República detectó a 315 funcionarios y servidores públicos que se mantienen trabajando en la Administración del Estado pese a registrar condenas por crimen o simple delito, situación que puede configurar una inhabilidad para ejercer cargos públicos.
La información está contenida en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°29, publicado este martes 17 de noviembre, que identificó a estas personas asociadas a un total de 317 registros de condena vigentes a junio de 2026.
El análisis se realizó mediante un cruce de información del Registro Nacional de Condenas del Servicio de Registro Civil e Identificación, el Servicio Electoral (Servel) y el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER).
Del total de personas identificadas, 149 se desempeñan en el gobierno local y 166 en el gobierno central.
En cuanto a las instituciones con mayor número de trabajadores en esta situación, Carabineros de Chile encabeza la lista, con 84 funcionarios. Le siguen el Ejército, con 22; la Armada, con ocho; la Municipalidad de Valdivia, con seis; y la Fuerza Aérea, con cinco.
También figuran las municipalidades de Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán y Puerto Montt, con cuatro casos cada una, y la Municipalidad de Tocopilla, con tres.
Gravedad de las condenas y medidas
Respecto de la gravedad de los antecedentes, la Contraloría identificó 73 registros asociados a crímenes y 244 a simples delitos. Dos funcionarios registraron más de una condena.
El organismo recordó que el artículo 54, letra c), de la Ley N°18.575 establece que las personas condenadas por crimen o simple delito no pueden desempeñarse en la Administración del Estado. En caso de que la condena se produzca mientras la persona ejerce un cargo público, se configura una inhabilidad sobreviniente.
Esta situación debe ser informada al superior jerárquico dentro de un plazo de 10 días, junto con la presentación de la renuncia, según lo establecido en la normativa.
A partir de los antecedentes, Contraloría instruyó a las entidades involucradas iniciar las investigaciones correspondientes y determinar eventuales responsabilidades administrativas por la posible omisión de informar las condenas a los jefes de servicio y de activar los procedimientos para aplicar la inhabilidad.
Asimismo, deberán comunicar si los antecedentes fueron oportunamente evaluados en los procesos de calificaciones funcionarias, considerando los criterios de comportamiento social y probidad.
Finalmente, el organismo ordenó regularizar las hojas de vida de los funcionarios en el sistema SIAPER, conforme a la normativa vigente.
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