La Contraloría General de la República concluyó que no fue procedente que la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Ñuñoa asumiera la defensa judicial del alcalde Sebastián Sichel en una causa penal, debido a que no se acreditó previamente una investigación afinada que permitiera descartar eventuales responsabilidades administrativas.
El pronunciamiento está contenido en el Oficio N° OF156366/2026, de fecha 18 de agosto de 2026, emitido por la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría.
El caso se originó a partir de presentaciones realizadas por el concejal Andrés Argandoña Besoain y una persona con reserva de identidad, quienes denunciaron que la entonces directora de Asesoría Jurídica del municipio habría asumido la defensa del alcalde y de otros funcionarios en una causa penal por eventuales delitos funcionarios, utilizando recursos municipales sin que se cumplieran previamente los requisitos legales correspondientes.
La defensa del municipio
Consultada por Contraloría, la Municipalidad de Ñuñoa sostuvo que la representación judicial se ajustaba a derecho porque los hechos investigados estaban vinculados con actuaciones propias del servicio y del ejercicio de funciones municipales.
Además, argumentó que, al momento de asumir la defensa, no existía un motivo plausible para presumir responsabilidad administrativa de los involucrados y que una investigación previa no sería siempre indispensable cuando se requiere otorgar una defensa oportuna.
El municipio informó también que la directora jurídica posteriormente renunció a representar al alcalde, luego de que Sichel optara por contratar una defensa privada.
La causa penal
De acuerdo con los antecedentes revisados por Contraloría, el concejal Andrés Argandoña presentó una querella ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, causa RIT 10474-2025, contra el alcalde de Ñuñoa.
La acción le atribuye hechos que, según el querellante, podrían configurar el delito de denuncia calumniosa. También fue dirigida contra quienes resulten responsables por eventuales delitos de falsificación de instrumento público, falsificación de datos informáticos y otros ilícitos que pudieran determinarse durante la investigación.
Contraloría constató que la entonces directora de Asesoría Jurídica, Carolina Amar Díaz, compareció en dicha causa representando al alcalde y asumió patrocinio y poder mediante una presentación del 14 de diciembre de 2025.
En esa oportunidad interpuso además un recurso de reposición contra la resolución que había admitido a tramitación la querella. Posteriormente, el 28 de diciembre, informó que continuaría representando únicamente a funcionarios municipales eventualmente involucrados, ya que el alcalde había designado un abogado particular.
Qué objetó Contraloría
El organismo fiscalizador recordó que la legislación permite que autoridades y funcionarios municipales puedan ser defendidos con apoyo de la asesoría jurídica del municipio, pero solo cuando se cumplen determinados requisitos.
La jurisprudencia administrativa de Contraloría establece que, antes de otorgar este tipo de defensa, debe constatarse mediante una investigación afinada que el funcionario involucrado no haya cometido, al menos presuntivamente, hechos que pudieran constituir una infracción a sus deberes funcionarios.
Ese requisito, según Contraloría, no se cumplió en el caso de Sichel.
“No consta que, con anterioridad a que la Directora de Asesoría Jurídica asumiera la representación del alcalde, se hubiere efectuado una investigación afinada que permitiera descartar que los hechos materia de la querella pudieran comprometer, siquiera presuntivamente, la responsabilidad administrativa de los involucrados”, señala el oficio.
Por ello, el organismo concluyó expresamente que “no resultó procedente” que la directora jurídica del municipio asumiera el patrocinio de Sichel en esa causa judicial.
Municipio deberá corregir procedimiento
La resolución no establece responsabilidad penal de Sichel ni se pronuncia sobre el fondo de la querella que se tramita ante el tribunal.
Lo que sí determina es que la defensa financiada o prestada mediante recursos municipales no podía haberse otorgado en esas condiciones.
Por ello, Contraloría ordenó a la Municipalidad de Ñuñoa adoptar las medidas necesarias para que, en adelante, la defensa jurídica de sus autoridades y funcionarios con recursos municipales cumpla con todos los requisitos legales y jurisprudenciales aplicables.
El pronunciamiento agrega así un nuevo antecedente institucional a la gestión del municipio, esta vez centrado en los límites para utilizar la estructura jurídica y los recursos municipales en la defensa de autoridades involucradas en procesos judiciales.
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