La Justicia de Corea del Sur condenó este viernes al expresidente Yoon Suk Yeol a 30 años de prisión tras declararlo culpable de ordenar una operación secreta con drones en Corea del Norte con el objetivo de generar una crisis militar que sirviera como argumento para imponer la ley marcial en diciembre de 2024.
La sentencia fue dictada por el Tribunal del Distrito Central de Seúl, que además condenó al exministro de Defensa Kim Yong Hyun a otros 30 años de cárcel. Asimismo, el exjefe del Mando de Contrainteligencia de Defensa, Yeo In Hyung, recibió una pena de 15 años de prisión, mientras que el excomandante de Operaciones con Drones, Kim Yong Dae, fue condenado a tres años de cárcel, pena que quedó suspendida durante cinco años.
La resolución judicial responde a la investigación impulsada por la Fiscalía especial surcoreana, que acusó a Yoon y a sus colaboradores de haber planificado una operación aérea encubierta en octubre de 2024 destinada a provocar una reacción de Pyongyang. Según los fiscales, una eventual represalia norcoreana habría sido utilizada por el entonces mandatario para justificar la imposición de medidas extraordinarias bajo la ley marcial.
La controvertida declaración de ley marcial fue anunciada por Yoon en diciembre de 2024, pero fue anulada pocas horas después por la Asamblea Nacional, que aprobó una resolución exigiendo su inmediata retirada. La crisis política derivó posteriormente en un proceso de destitución que culminó en abril de 2025, cuando el Tribunal Constitucional ratificó el impeachment aprobado por el Parlamento.
Esta nueva condena se suma a otras sentencias ya dictadas contra el exmandatario. En febrero de este año, Yoon fue condenado a cadena perpetua por liderar una insurrección vinculada a la declaración de la ley marcial. En esa oportunidad, el tribunal rechazó la solicitud de la Fiscalía de imponer la pena de muerte.
Además, el exgobernante había recibido previamente una condena adicional de cinco años de prisión por delitos relacionados con obstrucción a la justicia, abuso de poder y falsificación y destrucción de documentos, cargos asociados a los intentos de impedir su detención durante el desarrollo de las investigaciones.
El fallo representa uno de los capítulos más dramáticos de la historia política reciente de Corea del Sur y marca la caída definitiva de quien llegó al poder prometiendo fortalecer la seguridad nacional y combatir la corrupción.
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