El proyecto que establece Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para las policías y las Fuerzas Armadas quedó en condiciones de ser votado por las Salas de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado, luego de que la Comisión Mixta alcanzara un acuerdo para resolver las diferencias surgidas durante su tramitación.
La iniciativa busca establecer un marco legal general para el uso de la fuerza por parte del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así como de las Fuerzas Armadas cuando sean convocadas para resguardar el orden público, la seguridad pública interior o sus recintos militares.
La Comisión Mixta sesionó durante martes y miércoles debido a la urgencia de discusión inmediata del proyecto y logró zanjar los principales puntos pendientes entre ambas cámaras.
Entre las materias acordadas se encuentran las reglas relativas al uso y escalamiento de la fuerza, que contemplan distintas etapas, desde el despliegue disuasivo y la persuasión verbal hasta el empleo de elementos menos letales, el control físico y el uso de munición de salva.
La propuesta también contempla el uso de escopetas con munición antidisturbios para evitar o repeler un peligro grave e inminente para la vida o integridad física de terceros o del personal militar o policial. La disposición también considera situaciones vinculadas a daños o pérdida material de infraestructura crítica y la protección de recintos militares.
Uso de fuerza potencialmente letal
Otro de los puntos abordados por la Comisión Mixta fue el empleo de fuerza potencialmente letal. El texto establece que esta medida podrá utilizarse solo cuando las etapas previas resulten insuficientes y en circunstancias como el cumplimiento del deber, la legítima defensa o el cumplimiento de una orden judicial.
El proyecto también regula las circunstancias que podrían operar como eximentes de responsabilidad penal. En particular, establece que el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública o de las Fuerzas Armadas que actúe conforme a las reglas de uso de la fuerza estará amparado por la eximente de cumplimiento del deber contemplada en el Código Penal.
La propuesta busca así establecer un marco legal permanente para las actuaciones de policías y militares en aquellos escenarios en que la ley les permite ejercer funciones vinculadas al orden público y la seguridad.
El informe de la Comisión Mixta deberá ser sometido ahora a votación en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y posteriormente en el Senado. Solo si ambas corporaciones aprueban el informe, la iniciativa quedará en condiciones de completar su tramitación legislativa.
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