La Comisión de Minería y Energía de la Cámara de diputados despachó a la Sala el proyecto de ley que busca proteger a los consumidores frente a nuevas alzas en las cuentas eléctricas y fortalecer la seguridad y calidad del servicio.
La iniciativa establece una serie de medidas orientadas a estabilizar las tarifas, reducir el costo de la energía para los clientes regulados y evitar impactos bruscos en los hogares. Entre ellas, se contempla la extensión del subsidio eléctrico hasta 2027 para el 40% de las familias más vulnerables, beneficio que estaba próximo a expirar.
Asimismo, el proyecto incorpora un mecanismo para renegociar contratos de suministro eléctrico y crea un sistema que impedirá que las deudas acumuladas por reliquidaciones tarifarias sean cobradas de una sola vez a los usuarios. En este punto, el Estado utilizará el Fondo de Estabilización de Tarifas para pagar inicialmente esos montos a las empresas eléctricas, recuperando posteriormente los recursos de manera gradual.
La propuesta también aborda los procesos de fijación de tarifas, con el objetivo de evitar nuevos retrasos y futuras reliquidaciones que puedan afectar las cuentas de electricidad. En paralelo, incluye planes de inversión para que las empresas distribuidoras desarrollen obras destinadas a mejorar la calidad del servicio y reducir los tiempos de interrupción del suministro. Además, amplía las facultades del Ministerio de Energía para adoptar medidas preventivas ante eventuales riesgos para el abastecimiento eléctrico.
El presidente de la comisión,Cristián Tapia, explicó que el proyecto apunta a resolver la deuda acumulada por el denominado Valor Agregado de Distribución (VAD), componente de la tarifa eléctrica que permaneció congelado desde 2019 y que actualmente supera los US$850 millones.
Según detalló, esta deuda debía comenzar a cobrarse en abril de este año, lo que habría implicado alzas de hasta un 20% en las cuentas de algunos usuarios. Sin embargo, tras gestiones ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la conformación de una mesa técnica, se acordó distribuir el pago entre 2028 y 2035, mediante un cargo cercano a los cinco pesos por kilowatt hora.
Tapia precisó que el impacto de este nuevo cargo será acotado, ya que desde 2028 comenzará a disminuir otro cobro asociado a la deuda por el congelamiento de las tarifas de generación eléctrica, lo que permitirá amortiguar el efecto en las cuentas.
El proyecto, que se encuentra con discusión inmediata, deberá ahora ser analizado por la Sala de la Cámara de diputados.
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