Colombia formalizó su retiro del proceso impulsado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el que se discute la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio por la situación de la población palestina en la Franja de Gaza.
El tribunal con sede en La Haya informó que Bogotá comunicó el viernes 18 de septiembre su decisión de retirar la declaración de intervención que había presentado el 5 de abril de 2024, durante el Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro.
Colombia había intervenido en virtud del artículo 63 del Estatuto de la CIJ, mecanismo que permite a los Estados parte de una convención participar en un litigio cuando está en discusión la interpretación de ese tratado internacional.
El retiro no significa que desaparezca el procedimiento iniciado por Sudáfrica ni implica una resolución sobre las acusaciones formuladas contra Israel. El proceso principal continúa ante la CIJ y todavía no existe una sentencia definitiva que determine si Israel incurrió en genocidio en Gaza.
Un giro respecto de la política de Petro
La decisión representa otro cambio significativo respecto de la política exterior desarrollada por Colombia durante la administración de Gustavo Petro, que entre 2022 y 2026 mantuvo una postura particularmente crítica frente al Gobierno israelí y su actuación militar en Gaza.
Petro anunció el 1 de mayo de 2024 la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel. Su Gobierno también restringió las exportaciones colombianas de carbón hacia ese país y respaldó distintas iniciativas internacionales relacionadas con la situación de los palestinos.
La intervención ante la CIJ fue uno de los componentes jurídicos de esa política.
El escenario comenzó a cambiar con la llegada a la Presidencia de Abelardo de la Espriella. Su Gobierno restableció oficialmente las relaciones diplomáticas con Israel en agosto de 2026 y ha planteado una agenda destinada a recuperar la cooperación bilateral.
El nuevo canciller colombiano, Omar Bula Escobar, ha defendido ante el Congreso la profundización de los vínculos con Israel, especialmente en inteligencia estratégica, ciberseguridad, lucha contra el crimen organizado, tráfico de armas, lavado de activos y redes internacionales de financiamiento ilícito.
Como parte del acercamiento, ambos gobiernos también restablecieron la exención recíproca de visas para viajes turísticos. Desde septiembre, los ciudadanos de ambos países pueden ingresar al otro territorio sin visa por períodos de hasta 90 días, sujeto a los respectivos requisitos migratorios.
El acercamiento había comenzado incluso antes de la investidura del nuevo mandatario. Durante la transición presidencial, representantes de Colombia e Israel trazaron una hoja de ruta que contemplaba el restablecimiento de embajadores, la recuperación de las relaciones económicas y el retiro colombiano de la intervención en el caso promovido por Sudáfrica ante la CIJ.
El caso de Sudáfrica contra Israel
Sudáfrica presentó su demanda contra Israel el 29 de diciembre de 2023, acusando al Estado israelí de incumplir obligaciones establecidas en la Convención contra el Genocidio en relación con sus operaciones militares en Gaza tras los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de ese año.
Israel ha rechazado las acusaciones de genocidio y sostiene que sus operaciones militares están dirigidas contra Hamás y se enmarcan en su derecho a defenderse después de los ataques de octubre de 2023.
Desde comienzos de 2024, la Corte Internacional de Justicia ha dictado una serie de medidas provisionales dentro del procedimiento. Estas resoluciones no equivalen a una sentencia que establezca que se cometió genocidio, sino que buscan preservar derechos contemplados por la Convención mientras se resuelve el fondo de la controversia.
El litigio tiene especial relevancia porque la CIJ es el principal órgano judicial de Naciones Unidas y sus fallos en controversias entre Estados son jurídicamente vinculantes para las partes del proceso, aunque el tribunal carece de mecanismos propios para ejecutar sus decisiones.
La retirada colombiana tampoco afecta la condición de Sudáfrica como demandante ni modifica por sí misma las actuaciones que la Corte ha ordenado hasta ahora.
Colombia e Israel reconstruyen su alianza
La salida del proceso se inscribe en una recomposición más amplia de las relaciones entre Bogotá y Jerusalén.
El actual Gobierno colombiano ha señalado que busca recuperar una relación que históricamente incluyó cooperación en defensa, seguridad, agricultura, ciencia, tecnología y comercio. Colombia reconoció a Israel en 1949 y ambos países establecieron relaciones diplomáticas en 1957.
En agosto, el nuevo Ejecutivo colombiano confirmó el restablecimiento de relaciones diplomáticas y posteriormente avanzó en la eliminación recíproca de visas. También ha planteado recuperar la cooperación en seguridad e inteligencia, especialmente frente al narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero y crimen organizado transnacional.
El cambio adquiere una dimensión adicional en momentos en que la situación en Medio Oriente continúa ocupando un lugar central en la agenda internacional y las acciones militares israelíes en los territorios palestinos siguen generando controversias diplomáticas y jurídicas.
Con el retiro ante la CIJ, Colombia deja atrás una de las principales iniciativas internacionales adoptadas durante el Gobierno de Petro frente a Israel y consolida el giro de su política exterior hacia una relación estratégica con el Estado israelí.
El cambio, sin embargo, no resuelve la cuestión jurídica que está en el centro del litigio. Será la Corte Internacional de Justicia la que, una vez concluido el procedimiento, deberá pronunciarse sobre el fondo de la demanda presentada por Sudáfrica y determinar si existieron violaciones de la Convención contra el Genocidio.
La Cancillería colombiana confirmó recientemente tanto el restablecimiento de las relaciones diplomáticas como la cooperación en seguridad e inteligencia y la exención recíproca de visas, antecedentes que permiten situar el retiro de la CIJ dentro de un cambio más amplio de política exterior.
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