
Chile figuró como país miembro y firmante de declaraciones conjuntas del denominado Escudo de las Américas durante mayo, junio y julio de este año, pese a que el Gobierno sostuvo públicamente hasta septiembre que el país mantenía la condición de observador.
Recordemos que la adhesión oficial a la iniciativa fue anunciada por el Ejecutivo el pasado martes 22 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
La primera de las declaraciones, fechada el 21 de mayo, fue publicada por los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. El texto se refiere explícitamente a sus firmantes como “países miembros del Escudo de las Américas”.
El documento expresaba respaldo al gobierno boliviano de Rodrigo Paz ante protestas y bloqueos de carreteras que, según los países firmantes, buscaban “subvertir el orden constitucional y desestabilizar” al Ejecutivo. También señalaba que los integrantes del mecanismo habían estado proporcionando asistencia humanitaria a Bolivia. La declaración fue difundida por el Departamento de Estado estadounidense.
Un mes después, el 23 de junio, Chile volvió a aparecer entre los gobiernos que emitieron una declaración conjunta sobre la situación política boliviana. En esa oportunidad, el documento fue suscrito por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Perú.
El texto manifestó preocupación por los bloqueos de carreteras y respaldó al gobierno de Bolivia, además de llamar al diálogo y a la negociación dentro del marco constitucional.
La participación chilena volvió a quedar consignada el 10 de julio, cuando Chile apareció entre los países firmantes de una nueva declaración del Escudo de las Américas, esta vez relacionada con el proceso electoral colombiano. El documento fue emitido por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.
En esa declaración, los países expresaron su preocupación por acciones que, a su juicio, ponían en duda la integridad del proceso electoral colombiano y llamaron a respetar los resultados oficiales y garantizar una transición institucional pacífica y ordenada.
El cambio de posición en septiembre
La situación contrasta con las declaraciones realizadas por el Presidente José Antonio Kast días antes de la adhesión formal. El 14 de septiembre, el Mandatario afirmó que Chile continuaba “en calidad de observadores” dentro del Escudo de las Américas.
“Se ha ido convocando a distintos países, Perú adscribió, pero nosotros seguimos en calidad de observadores”, señaló entonces Kast.
Ocho días después, el 22 de septiembre, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, Cancillería informó que Chile había decidido adherir al Escudo de las Américas, definido por el Gobierno como un marco voluntario de coordinación entre gobiernos americanos para combatir el crimen organizado transnacional.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la incorporación permitiría acceder a información sobre crimen organizado, sistemas de análisis inteligente de datos, capacitación para Carabineros y la PDI y una mayor coordinación fronteriza con Argentina, Bolivia, Perú y otros países de la región.
Ese mismo día, Kast explicó que el paso dado por Chile no correspondía a la suscripción de un tratado internacional, y describió la adhesión como una coordinación para compartir información y desarrollar líneas de acción contra el crimen organizado.
De esta manera, los documentos de mayo, junio y julio muestran que Chile ya aparecía integrado documentalmente a declaraciones del mecanismo y era identificado como miembro por los propios textos, mientras que la definición pública del Gobierno sobre su estatus continuaba siendo la de país observador hasta septiembre.
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