La Comisión Europea aseguró este lunes que estudia “medidas concretas” para reforzar la protección y resiliencia del Tribunal Penal Internacional (TPI), tras las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la relatora de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, y contra jueces y fiscales del tribunal por investigaciones relacionadas con Gaza.
Desde Bruselas, el portavoz de Exteriores de la Comisión, Anouar El Anouni, calificó de “inaceptables” los ataques y amenazas dirigidos contra magistrados, funcionarios y colaboradores del TPI, y confirmó que el Ejecutivo comunitario mantiene contactos directos con el tribunal y con los jueces afectados para evaluar mecanismos de protección.
La reacción europea se produce después de que un juez federal estadounidense suspendiera las sanciones dictadas por la administración de Donald Trump contra Albanese. El magistrado consideró que las medidas vulneraban derechos protegidos por la Primera Enmienda, al estar vinculadas directamente con sus declaraciones críticas hacia Israel y la ofensiva militar en Gaza.
El fallo judicial señaló además que las sanciones provocaron “daños reales y tangibles” en la vida de la relatora, afectando su situación financiera, su vivienda y la libertad de movimiento de su hija menor.
La Comisión Europea reiteró su respaldo al TPI, al Estatuto de Roma y a la independencia e imparcialidad del tribunal, aunque evitó pronunciarse sobre la decisión de la justicia estadounidense.
Bruselas evita aclarar si usará el Estatuto de Bloqueo
La portavoz comunitaria de Servicios Financieros, Siobhan McGarry, destacó que el trabajo del TPI es “muy importante” y afirmó que Bruselas analiza fórmulas de apoyo tanto diplomático como financiero para garantizar el funcionamiento diario de la corte.
Sin embargo, evitó confirmar si la Comisión activará el llamado Estatuto de Bloqueo, mecanismo legal europeo que impediría aplicar dentro de la Unión Europea las sanciones estadounidenses contra Albanese y funcionarios del TPI.
La activación de ese instrumento fue solicitada el pasado 6 de mayo por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Estados Unidos mantiene desde comienzos de 2025 sanciones contra miembros del TPI, incluyendo a once jueces y fiscales, como represalia por las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant.
Además, Washington sancionó en julio a Francesca Albanese, acusándola de impulsar una “campaña” contra Israel por sus denuncias sobre presuntos crímenes de guerra y genocidio en Gaza y Medio Oriente.
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