El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro abrió este jueves un nuevo frente judicial para intentar revertir la condena a 27 años y tres meses de prisión que recibió por su participación en el intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022.
La defensa del exmandatario solicitó al magistrado Kassio Nunes Marques, del Supremo Tribunal Federal (STF), suspender la ejecución de la pena mientras se resuelve la revisión criminal presentada en mayo contra la sentencia definitiva.
Sin embargo, horas después de formular la solicitud, los abogados desistieron del pedido de suspensión inmediata, sin explicar públicamente las razones del cambio de estrategia. La revisión criminal destinada a intentar anular o modificar la condena continúa en tramitación.
El principal argumento planteado por la defensa apunta a la composición del tribunal que juzgó a Bolsonaro. Sus abogados sostienen que, debido a que los delitos atribuidos al exmandatario se relacionan con hechos ocurridos durante su Presidencia, el proceso debió ser resuelto por el pleno del Supremo, integrado por once magistrados, y no por la Primera Sala, compuesta por cinco jueces.
Los abogados calificaron como “inadmisible, ilegal e inconstitucional” que Bolsonaro no fuera juzgado por el pleno y argumentaron que mantener la ejecución de la pena mientras se analiza la revisión podría generar un perjuicio imposible de reparar posteriormente.
La revisión criminal fue presentada el 12 de mayo y quedó a cargo de Nunes Marques, magistrado que fue propuesto para integrar el Supremo por el propio Bolsonaro en 2020. Este mecanismo procesal puede utilizarse después de que una condena queda firme para solicitar su anulación, modificar la clasificación de los delitos o conseguir una reducción de la pena.
Condena de 27 años y tres meses
Bolsonaro fue condenado en septiembre de 2025 por la Primera Sala del Supremo a 27 años y tres meses de prisión, la pena más elevada entre los integrantes del denominado núcleo central del intento de golpe.
El tribunal lo declaró culpable de organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado contra el patrimonio público y deterioro de patrimonio protegido.
El proceso estuvo relacionado con las maniobras desarrolladas después de las elecciones de octubre de 2022, en las que Luiz Inácio Lula da Silva derrotó a Bolsonaro. Según estableció el Supremo, el objetivo de la organización era impedir la asunción del mandatario electo y mantener a Bolsonaro en el poder. En las distintas causas relacionadas con la trama fueron juzgadas 31 personas, con 29 condenas y dos absoluciones.
La sentencia contra el expresidente quedó firme el 25 de noviembre de 2025, fecha desde la cual comenzó formalmente a cumplir la pena. Inicialmente estuvo recluido en dependencias de la Policía Federal y posteriormente fue trasladado a una sala de Estado Mayor del complejo penitenciario de Papuda, en Brasilia.
Arresto domiciliario desde marzo
En marzo de este año, Bolsonaro obtuvo prisión domiciliaria humanitaria para recuperarse de una bronconeumonía. La medida fue concedida inicialmente por 90 días y posteriormente se mantuvo, después de que el Supremo considerara su evolución médica y las condiciones de cumplimiento de la condena.
El nuevo movimiento judicial se produce después de que otras impugnaciones de la defensa fueran rechazadas. En enero, el Supremo declaró jurídicamente improcedente un nuevo recurso presentado para intentar revisar la condena, después de que la sentencia ya hubiese adquirido carácter definitivo.
La revisión criminal que ahora tramita Nunes Marques constituye, por tanto, una de las principales vías que mantiene abierta la defensa del expresidente para intentar modificar una sentencia que marcó un precedente en Brasil: la condena de un exjefe de Estado por su participación en una trama destinada a impedir la continuidad institucional después de una elección presidencial.
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