
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, presentó —durante una sesión especial— al Senado un plan estructurado en siete focos de gestión y una agenda legislativa que, en una primera etapa, priorizará ocho proyectos de ley.
Durante su presentación, Arrau advirtió sobre la transformación del fenómeno delictual, señalando que hoy se enfrenta a delitos “más violentos, más armados y más organizados”. En ese contexto, afirmó que “tenemos una emergencia, un problema de seguridad pública que afecta incluso la seguridad nacional y ese es nuestro punto de partida”.
El ministro detalló que la estrategia del Ejecutivo se concentrará en siete ejes: el control de calles y barrios; el término del reclutamiento delictual; la protección de fronteras y rutas críticas; el combate al crimen organizado; el control del sistema carcelario y la cadena penal; la consolidación de la institucionalidad del Ministerio de Seguridad; y la restitución de la legitimidad policial.
En el plano legislativo, indicó que el gobierno impulsará proyectos ya en tramitación —a los que se les otorgará urgencia— junto con nuevas iniciativas. Entre las medidas destacadas figuran la ampliación del plazo de flagrancia de 12 a 24 horas; la modificación del sistema de expulsiones de extranjeros que cometen delitos, permitiendo su retención por más tiempo; la denominada ley antiencapuchados; la penalización de la pertenencia a organizaciones criminales; y la implementación del juicio oral en ausencia.
Asimismo, se contemplan reformas institucionales, como la modernización de la carrera de Carabineros, cambios en la Policía de Investigaciones (PDI) para fortalecer la persecución de delitos financieros y tecnológicos, y una reforma a Gendarmería para integrarla al Ministerio de Seguridad.
El ministro también mencionó otras iniciativas consideradas relevantes por el Ejecutivo, entre ellas el Registro Nacional de Vándalos, el proyecto anti “turbazos”, el fortalecimiento de la seguridad perimetral de las cárceles, medidas de seguridad en el Metro y la regulación de las Reglas sobre el Uso de la Fuerza (RUF).
Al término de la exposición, senadores solicitaron extender la sesión para plantear sus observaciones y consultas. Sin embargo, la petición no prosperó debido a la falta de unanimidad, tras la negativa del senador Ignacio Urrutia.
De este modo, la discusión quedó aplazada para la jornada de este miércoles, cuando el Senado retomará el análisis de la hoja de ruta en seguridad presentada por el Ejecutivo.
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