La Justicia argentina confirmó este martes el procesamiento del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, y de otros 18 imputados en una de las investigaciones por presunta corrupción que ha golpeado a la administración del presidente Javier Milei.
La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires ratificó los procesamientos dictados en primera instancia por las supuestas irregularidades cometidas en la adquisición de medicamentos e insumos de alto costo destinados a personas con discapacidad.
Los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico consideraron acreditada, en esta etapa de la investigación, la existencia de una presunta asociación ilícita integrada por funcionarios públicos y particulares, junto con un supuesto sistema de direccionamiento de contrataciones hacia determinadas empresas y pagos de sobornos.
En el caso de Spagnuolo, la acusación comprende los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública y cohecho pasivo.
La resolución alcanza también a Daniel Garbellini, quien se desempeñaba como director de Acceso a los Servicios de Salud y era considerado el número dos de la Andis; al empresario Miguel Ángel Calvete y al exfuncionario Pablo Atchabahian, entre otros imputados relacionados con las empresas proveedoras investigadas.
Una trama de proveedores, sobreprecios y presuntos sobornos
La investigación, impulsada por el fiscal Franco Picardi, busca determinar si dentro de la Andis funcionó un mecanismo destinado a direccionar compras de medicamentos e insumos, simular competencia entre proveedores, aplicar sobreprecios y canalizar pagos ilegales.
El caso adquirió dimensión política en agosto de 2025, tras la difusión de una serie de grabaciones atribuidas a Spagnuolo. En ellas, el entonces funcionario se refería a un supuesto sistema de coimas en las adquisiciones del organismo y mencionaba a Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia, como eventual receptora de un 3% de la facturación.
La existencia de esas menciones no implica que la responsabilidad penal de Karina Milei haya sido establecida judicialmente. Los audios atribuidos a Spagnuolo han formado parte de las controversias probatorias del expediente y su autenticidad ha sido objeto de peritajes.
La Cámara Federal rechazó además planteos de nulidad formulados por defensas que cuestionaban la investigación a partir del origen de las grabaciones.
Sobreprecios de hasta 4.239%
El expediente cobró mayor relevancia después de que una investigación interna del Ministerio de Salud detectara presuntos sobreprecios de hasta 4.239% en operaciones realizadas por la Andis.
El análisis abarcó 505 expedientes por 18.368 millones de pesos argentinos, equivalentes a unos US$12,9 millones, relacionados principalmente con dispositivos médicos y ortopédicos de elevado costo.
Entre los productos examinados aparecen prótesis avanzadas para personas amputadas, implantes cocleares, materiales para cirugías complejas y sillas de ruedas motorizadas.
La auditoría advirtió sobre diferencias consideradas injustificadas respecto de valores utilizados como referencia y detectó posibles conexiones societarias y familiares entre proveedores que podrían haber afectado la competencia en los procesos de adquisición.
Parte de esas operaciones todavía se encontraba pendiente de pago cuando fueron detectadas las irregularidades, lo que permitió a las autoridades someterlas a revisión antes de su liquidación.
La investigación judicial alcanza a más de una veintena de empresarios y a más de 30 sociedades que habrían participado de distintas operaciones bajo análisis.
Un escándalo que terminó con la Andis
Spagnuolo había llegado a la conducción de la Agencia Nacional de Discapacidad en diciembre de 2023, tras el inicio del gobierno de Javier Milei, y permaneció en el cargo hasta agosto de 2025, cuando abandonó el organismo después de que estallara el escándalo por los audios.
En febrero de 2026, el juez federal Sebastián Casanello procesó al exfuncionario en la causa y sostuvo que existían elementos para considerarlo uno de los presuntos organizadores del esquema investigado. La resolución de la Cámara Federal conocida este martes mantiene las principales acusaciones y permite que el expediente continúe avanzando.
Actualmente, la causa se encuentra bajo la órbita del Juzgado Federal N.º 11, subrogado por el juez Ariel Lijo.
El escándalo también produjo consecuencias institucionales. El 30 de diciembre de 2025, el Gobierno de Milei dispuso que la Agencia Nacional de Discapacidad dejara de funcionar como organismo descentralizado y que sus competencias fueran incorporadas al Ministerio de Salud.
La reorganización transformó el área en la Secretaría Nacional de Discapacidad y transfirió al Ministerio sus obligaciones, presupuesto, bienes y personal, manteniendo la continuidad de las prestaciones.
La decisión fue presentada entonces por el Ejecutivo como parte de una reorganización destinada a reforzar los controles y reducir la estructura administrativa. El caso judicial, sin embargo, siguió avanzando durante 2026.
A este escenario se sumó ahora la renuncia del interventor Alejandro Vilches, quien dejó su cargo alegando “motivos personales”. Vilches había encabezado la intervención del organismo y durante su gestión se profundizó la revisión interna de las contrataciones.
La confirmación de los procesamientos constituye una nueva etapa judicial del caso, aunque no equivale a una condena. Los 19 imputados conservan la presunción de inocencia mientras el expediente continúa hacia las siguientes fases del proceso penal.
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