El Gobierno de Argentina dio este lunes un plazo de dos semanas al Reino Unido para que adopte medidas destinadas a detener la explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas, en una nueva escalada de la histórica disputa por la soberanía del archipiélago del Atlántico Sur.
La administración del presidente Javier Milei informó que intimó formalmente a Londres para impedir el inicio o continuación de las actividades vinculadas a la explotación petrolera en lo que Argentina considera parte de su plataforma continental.
Buenos Aires advirtió que, si el Reino Unido no responde al requerimiento dentro del plazo establecido, solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales destinadas a preservar los derechos soberanos que Argentina reivindica sobre la zona.
La ofensiva diplomática y jurídica apunta especialmente al proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y desarrollado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.
Milei señaló que instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno para iniciar un procedimiento de arbitraje internacional contra Reino Unido bajo los mecanismos contemplados en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Argentina sostiene que la explotación unilateral de recursos naturales en las islas y sus espacios marítimos circundantes vulnera sus derechos soberanos y contraviene las resoluciones internacionales que instan a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras permanezca pendiente la disputa de soberanía.
Un proyecto petrolero de al menos US$1.800 millones
Sea Lion se ha convertido durante septiembre en el principal foco de tensión entre Buenos Aires y Londres. Navitas Petroleum controla el 65% del proyecto, mientras Rockhopper mantiene el 35%. A fines de 2025, ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión para la primera etapa, estimada en unos US$1.800 millones.
Las empresas sostienen que poseen licencias válidas concedidas por la administración de las islas, territorio británico de ultramar, y que cuentan con el respaldo del Gobierno del Reino Unido. Argentina, en cambio, considera ilegales esas autorizaciones porque fueron otorgadas sin su consentimiento en un área cuya soberanía permanece en disputa.
El conflicto se intensificó la semana pasada, cuando las autoridades de las Malvinas anunciaron la extensión por cinco años de las licencias de producción de hidrocarburos offshore, con la posibilidad de añadir otros dos años. La decisión recibió el respaldo de Londres y provocó una protesta formal del Gobierno argentino.
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La Justicia argentina también ordenó frenar Sea Lion
La nueva acción internacional se suma a las medidas adoptadas dentro de Argentina. El pasado 16 de septiembre, la Justicia Federal de Tierra del Fuego ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras necesarias para poner en marcha Sea Lion.
La medida cautelar fue dictada por la jueza federal Mariel Borruto, en medio de la ofensiva argentina destinada a impedir que el proyecto pase definitivamente a su fase de producción.
El Gobierno de Milei también ha endurecido durante septiembre las herramientas administrativas contra las compañías que participen en actividades hidrocarburíferas en la zona. Entre otras disposiciones, estableció mecanismos para acelerar sanciones y exigir declaraciones juradas a empresas que operen en el sector energético argentino.
A la controversia petrolera se agregó este lunes otro frente. Argentina denunció operaciones aéreas que considera ilegales entre las Malvinas y Punta Arenas, en Chile, realizadas por una empresa británica, y anunció procedimientos sancionatorios, acciones penales y gestiones diplomáticas.
La disputa por Sea Lion abre así una nueva dimensión en el histórico conflicto entre Argentina y Reino Unido. Mientras Londres mantiene la administración del archipiélago y respalda las licencias concedidas por las autoridades isleñas, Buenos Aires busca trasladar ahora la controversia por la explotación de sus recursos naturales al terreno del arbitraje y de la justicia internacional.
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