La organización Amnistía Internacional denunció que el sistema educativo de Rusia se ha transformado en una herramienta de adoctrinamiento político destinada a justificar la guerra en Ucrania y reforzar la lealtad al Estado desde la infancia.
Según un informe titulado “Solo Fuentes Oficiales: Adoctrinamiento en el Sistema Educativo Ruso”, millones de estudiantes en Rusia y en territorios ucranianos ocupados están siendo sometidos a programas educativos que promueven la narrativa oficial del Kremlin y limitan el acceso a puntos de vista alternativos.
La organización sostiene que las autoridades rusas utilizan libros de texto, actividades escolares y mecanismos de vigilancia para influir en la formación ideológica de niños y adolescentes. El documento afirma que los establecimientos educacionales han pasado de ser espacios de aprendizaje a convertirse en centros donde se fomenta la obediencia política y se desalienta el pensamiento independiente.
Uno de los aspectos más cuestionados es la introducción, desde 2023, de una colección única y obligatoria de textos de Historia aprobados por el Ministerio de Educación. De acuerdo con el informe, estos materiales presentan a Rusia como una nación permanentemente amenazada, minimizan la identidad nacional de Ucrania y justifican las intervenciones militares soviéticas y rusas como acciones necesarias o legítimas.
La investigación también denuncia que docentes reciben instrucciones para monitorear la actividad digital de sus estudiantes, recopilar información sobre sus opiniones políticas y reportar posibles manifestaciones de disidencia a las autoridades.
Amnistía sostiene que estas prácticas vulneran derechos fundamentales reconocidos en tratados internacionales, entre ellos la libertad de expresión, la privacidad y el derecho a recibir una educación pluralista y de calidad.
El informe señala además que las escuelas son instadas a identificar estudiantes y funcionarios considerados susceptibles a “influencias destructivas”, categoría que incluiría a personas vinculadas a movimientos opositores, organizaciones anticorrupción y grupos defensores de derechos humanos.
La organización pidió a las autoridades rusas revisar los programas de estudio, garantizar el acceso a diversas fuentes de información y poner fin a los mecanismos de vigilancia sobre estudiantes y profesores. Asimismo, solicitó eliminar las normas que sancionan la expresión pacífica de opiniones y destruir los datos obtenidos mediante prácticas consideradas ilegales.
La denuncia coincide con la creciente atención internacional sobre el control estatal de la educación en Rusia y se suma a las críticas por el uso de contenidos escolares para respaldar la narrativa oficial respecto de la guerra en Ucrania.
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